QUE LA LEY NO NOS TAPE EL BOSQUE!

QUE LA LEY DE SERVICIOS AUDIOVISUALES
NO NOS TAPE EL BOSQUE!

Una propuesta para repensar y transformar el sistema de medios

Después de idas y venidas, el Congreso finalmente aprobó el proyecto de ley de Servicios Audiovisuales, que reemplazó la norma anteriormente vigente, que regía desde la dictadura. El oficialismo la presentó como un proyecto “a favor de los intereses del colectivo social”, y rápidamente algunos medios (mientras otros guardaban un prudente silencio esperando a ver qué tajada pueden sacar del reacomodo del mercado de la información) salieron a atacarlo señalando que “esconde la intención de que las frecuencias radioeléctricas terminen en manos del Ejecutivo”. Clarín interpretó el anuncio como parte de una batalla que “el oficialismo libra desde hace meses, una cruzada casi personal contra Clarín y otros medios independientes”, mientras que la oposición propuso patear el debate legislativo para que sea de “consenso”, es decir, que lo discutan cuando pongan sus nuevos legisladores en el Congreso.
Todos aportaron a la confusión generalizada, cerrando el circulo de las falsas oposiciones: Que la ley mordaza... que hay que desmonopolizar... que "vamos a terminar como Venezuela"... que la democracia vs. la dictadura. Detrás del ruido y los slogans, las discusiones de fondo se silencian: cuál va a ser la efectividad real de una ley que lejos de darse en el vacío se enmarca en un contexto político particular, en una sociedad fracturada en clases, donde la información es una mercancía y la comunicación es parte del enorme mercado de la industria cultural, con sus “leyes” económicas e ideológicas. ¿Qué va a pasar entonces con el triple play, las telefónicas que presionan para entrar en ese mercado? ¿Qué significa entonces “democratizar” los medios: que puedan tener decisión en su línea editorial los trabajadores, periodistas o estudiantes, o simplemente que haya más empresas mediáticas? ¿Qué significan efectivamente los eufemismos “colectivo social” o “sociedad civil”? Nuestra tarea entonces es llevar la crítica más allá de la superficie sobre la que se intenta restringir el debate!

LOS PECADOS ORIGINALES DE LA NUEVA LEY.
El proyecto de ley no fue girado al Congreso en cualquier momento, sino después del fracaso oficialista en las elecciones legislativas, en medio de la desaceleración de la economía local y de un aumento de las tensiones dentro de la clase dominante por la apropiación de las ganancias en momentos que la torta se achica.
Después de la derrota política del Gobierno K ante los empresarios del campo, la gran mayoría de los medios –muchos de ellos ligados como Clarín al complejo agroindustrial- se ha distanciado de quienes hace unos años atrás, caracterizaban como portadores de un innovador “estilo K” a cambio de una suculenta pauta oficial en sus páginas, diales y pantallas (hoy todavía). Sin embargo, los medios, al igual que los empresarios rurales, no cuestionan al Gobierno por su política de “devaluación administrada”, los tarifazos, los subsidios a la industria y a las empresas supuestamente en crisis, el pago de la deuda externa, la intervención militar en Haití, y la legitimación de las suspensiones y recorte de salarios de los trabajadores.
En todo caso, las diferencias pasan por otro lado. No es casual que todos los medios masivos (oficialistas u opositores) omitan los conflictos obreros y los hagan pasar por nadas más que “molestos” cortes de calles que el espectador (siempre para ellos la víctima cautiva, el rehén de la ley mordaza o de los cortes de ruta...) tendrá que esquivar.
Al mismo tiempo, el Gobierno Nacional tampoco cuestiona que TN, Canal 13 y Clarín, La Nación, El Cronista, Infobae, C5N, Crónica y Diario Popular despidan o persigan a sus propios trabajadores para sostener una organización antidemocrática de los medios, sino que los critican por buscar un recambio político a través de la oposición, es decir, de las fracciones “disidentes” del peronismo (como los Duhalde, Solá, etc) y el radicalismo.
Y mientras los trabajadores combativos siguen luchando contra el silencio de los medios, siguen insistiendo en que no, que esto no es una "interna sindical", que tienen derecho a sindicalizarse y a luchar, sus voces se pierden en los truenos de la tormenta de slogans. Y el espectador putea porque hoy no hay subtes, mientras avanza la marea de desinformación que no hay ley que apacigüe.
Pero la política del gobierno K tiene sus antecedentes propios en el plano comunicacional. A pocos días de asumir el presidente Néstor Kirchner, el Senado de la Nación finalmente aprobó la modificación legislativa (impulsada por Duhalde) que impide a capitales extranjeros poseer más del 30% de la propiedad de estas industrias culturales (la disposición, según el articulo 2 de la ley, no se aplicará a los medios que, previamente a su sanción tuvieran una presencia mayor de capitales extranjeros). Esta “ley de defensa de las industrias culturales”, como la apodó en su campaña mediática el endeudado Grupo Clarín, sirvió para evitar que ese holding fuese absorbido por sus acreedores externos. Y “el Estado convalidó las deudas asumidas para sostener el proceso de concentración de la propiedad”.
A esto debemos sumar otras dos iniciativas K. Por un lado, el decreto 527 aprobado en el 2005, que, sin modificar la ley de radiodifusión de la dictadura, prorrogó por 10 años los plazos de las licencias de radio y televisión, con el argumento de “mantener cierta seguridad jurídica”, según Bárbaro. Este punto es fundamental, y justamente la nueva ley lo modifica parcialmente, por lo que en algunos casos no implica ningún cambio sino hasta después de que venza el plazo de las licencias.
Por otro lado, días antes de terminar su mandato, Néstor Kirchner autorizó la fusión entre Cablevisión y Multicanal en base a una serie de argumentos que ahora el mismo Mariotto utiliza para negarles la fusión. ¿Volverán a cambiar de parecer en los próximos meses?
La nueva ley no sólo omite mencionar el decreto 527 y la fusión monopólica de la mano del ex presidente, sino que tampoco plantea derogar estas medidas.
Por eso cuando algunos de los intelectuales devenidos en oficialistas insisten en “separar” el proyecto de ley de servicios audiovisuales de la política global del Gobierno y dicen que el mismo busca “enfrentar a los monopolios”, no hacen sino repetir la operación mistificadora que realizó el Gobierno con los derechos humanos, al hacer pasar esa medida por progresiva, cuando un 95% de los represores siguen sin juzgar y libres, Julio López sigue sin aparecer , las huelgas son reprimidas (hoy Kraft-Terrabusi, ayer tantas otras) y a Luciano Arruga lo desaparece la Policía Bonaerense. Del mismo modo, lo que terminan haciendo es soslayar que la política comunicacional de los K ha favorecido la concentración de los medios y su carácter antidemocrático.

UN DIAGNÓSTICO SIN PACIENTE, Y UNA CURA CONTRADICTORIA.
En su introducción, el proyecto de ley de Servicios Audiovisuales muestra sus primeras contradicciones. Si bien nunca realiza un análisis serio del sistema de medios o de las pujas actuales, reconoce aspectos que por lo menos son llamativos.
La iniciativa oficial es presentada como la contracara de la ley de la dictadura y por ende como la primera (y única posible) ley de medios de la “democracia”: “Tenemos que saldar una deuda que acumulamos en estos años de democracia (...) con el dictado de una norma actualizada, regulatoria de los servicios de comunicación audiovisual”, dice el texto. La primera pregunta que surge al respecto es ¿cómo es posible que en plena “democracia” no haya podido aprobarse una ley que busca “democratizar los medios”? ¿Nuestro sistema político y los partidos del orden son realmente democráticos? ¿Por qué esos mismos partidos “democráticos” aprobaron las más de 200 modificaciones de la “democracia” a la ley de la dictadura? ¿Por qué aún hoy son antidemocráticos los medios? ¿Porque apoyaron dictaduras? ¿O, además, por la organización y la función social que cumplen en las sociedades capitalistas?
Si bien algunos artículos de la propuesta del Gobierno son un avance respecto a la ley de la dictadura, inclusive allí se deja abierta la puerta para que lo que aparece como algo positivo se convierta en su opuesto y sirva para todo, menos para garantizar la “democratización de la comunicación”.
Por ejemplo, la nueva ley prevé que el espectro se divida en 33% para el sector privado, 33% para el sector público y 33% para “personas sin fines de lucro que históricamente fueron excluidas, como los cultos religiosos, las sociedades de fomento, las mutuales, las asociaciones civiles, los sindicatos y otros participantes de la vida cultural argentina.” (ART 21). Aunque el artículo avanza ante la actual ley que impide que ONGs puedan acceder a una licencia, no queda claro de dónde saldría el presupuesto necesario para garantizarlo, ni tampoco si ese 33% iría a parar a fundaciones de empresas (YPF), o a funcionarios/amigos allegados al ejecutivo de turno (como los intendentes, punteros, la burocracia de la CGT, o las castas profesorales que manejan las universidades). ¿Van a estar incluidos dentro de este abanico las comisiones internas, los estudiantes y los docentes? No sabemos, pero lo que sí es claro es que los medios alternativos tendrán que pelear la licitación (y ni hablemos del financiamiento), mano a mano, con la CGT, la Iglesia o la mismísima Fundación Noble.
Por otra parte, es importante señalar que la autoridad de aplicación de la norma ya no sería el Comfer, sino la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Así se reemplaza un organismo que en sus inicios estaba integrado por militares, por uno constituido por civiles. El problema (de nuevo) es que las autoridades serán designadas por el poder Ejecutivo y el Congreso (más algunos “especialistas” con la supuesta objetividad que les otorga la “neutralidad valorativa”) es decir, por los mismos que hoy en día son propietarios de medios y que en los últimos años profundizaron el actual sistema comunicacional. Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y “especialistas”, ni un lugar en la Autoridad Federal para los trabajadores de los medios.
Otro aspecto en el que la iniciativa oficialista muestra sus límites es el que refiere al carácter de la explotación de los medios. Sin argumentar demasiado, la letra declara “de interés público” (ART 2) a los servicios audiovisuales. Así, opta por dedicarse solamente a regular la concesión de licencias, en lugar de considerar a los medios “servicios públicos” (que no necesariamente significa estatales), lo que supondría una administración social de las comunicaciones. Pero ¿por qué la educación puede ser un servicio público y los medios no? Tal vez, la educación, salvo las escuelas que ya fueron privatizadas, son un sector no rentable, y los medios, en cambio, son empresas que generan suculentas ganancias y representan una herramienta de poder político que por ende conviene, siguiendo el clásico pensamiento del liberal y golpista Mariano Grondona, que sean controlados por los empresarios.
Las inconsistencias de los fundamentos oficiales no terminan ahí. También se plantea que es necesario “desconcentrar y democratizar la propiedad de los medios con protección de nuestros bienes culturales y defendiendo a los trabajadores”. Se anuncia que un mismo grupo no podrá tener el control de un canal de televisión abierta y una licencia para dar televisión por cable, al tiempo que se reducen la cantidad máxima de licencias de servicios abiertos de 24 a 10 (o sea que una misma persona física o jurídica puede todavía seguir explotando 10 medios!). Pero el proyecto permite que un solo prestador controle hasta el 35% del total nacional de habitantes o abonados a alguno de los servicios regulados (ART 38).
Una vez más es inevitable preguntarnos por qué es que se concentra la propiedad de los medios. ¿Acaso son fallas de la “democracia” o como señala Armand Matellart es producto del proceso de valoración creciente de las actividades culturales por el capital? ¿De quiénes hay que defender a los trabajadores, quiénes los atacan?
A modo de respuesta provisoria, convengamos que lo que sucede con los medios es lo mismo que sucede en otros sectores de cualquier economía de mercado: la tendencia a la concentración a partir de la lógica de la competencia despiadada y la búsqueda de la mayor tasa de ganancia, donde en general es el propio Estado capitalista el que cuando un sector monopólico deja de ser competitivo o varios sectores presionan para ingresar a ese mercado, en algún momento interviene para abrirle el juego a otros grupos empresarios. Tal es el caso de la Standard Oil en Estados Unidos, donde ese Estado impulsó en 1911 mediante la “ley antitrust” la partición de la petrolera en 34 empresas independientes, o el caso de Microsoft, donde el Gobierno de Estados Unidos, promovió el uso de Apple y Mac en contra del monopolio de Bill Gates. Así lo expresó claramente el ex interventor del Comfer Julio Bárbaro en el 2005, al justificar la necesidad de diversificar la televisión por cable argumentando que “en el capitalismo, el gran valor es la competencia y en la Argentina hemos eliminado la competencia”.
En síntesis, el mismo Estado en el capitalismo, en determinados momentos, así como favorece la concentración y los monopolios, puede limitarlos y apuntalar el surgimiento de nuevos competidores, sin modificar un milímetro sus fines: la explotación de la fuerza de trabajo para la extracción de ganancia. Por ello, cuando el Gobierno defiende la ley explicando que “favorece la competencia”, hay que recordarles que ésta no es más que una necesidad del mercado, que, por ejemplo, hoy supone abrirse a nuevos competidores. Como en el caso de las tan mentadas telefónicas, que si bien los artículos que las beneficiaban directamente fueron bajados en las “negociaciones”, la discusión no está cerrada y desde el gobierno se habló de un retorno necesario de esa discusión, para más adelante.

HACIA NUEVOS MEDIOS DE MASAS!
Por todo lo expresado, podemos concluir que la propuesta oficial tiene varias contradicciones significativas en su contenido que la alejan de la democratización que dice perseguir. A esto debemos sumar, los caminos elegidos para resolver una problemática que no parece reducirse a una ley.
Es cierto que se ha abierto un debate que durante años estuvo cerrado, pero los métodos parecen reducir todo a una mera formalidad. Qué sentido tienen los foros impulsados por el Gobierno si las criticas y propuestas que planteamos los estudiantes y los medios alternativos no han sido tenidas en cuenta. Se habla de democratizar los medios, pero las decisiones una vez más se toman en un ámbito como el Congreso, donde están los defensores políticos de los grandes medios.
Hay agrupaciones que hablan de generar un movimiento que sostenga la nueva ley de servicios audiovisuales, cuando el camino debería ser el inverso. Hay que generar un movimiento real que plantee un proyecto alternativo e independiente de los empresarios, es decir, que profundice las discusiones que tanto el gobierno, como los medios de comunicación privados no pueden ni quieren darse.
Para construir ese movimiento, hay que tener en claro que éste no puede surgir de las reuniones secretas de funcionarios, un grupo de intelectuales o profesores cercanos al kirchnerismo, quienes en la facultad, en los hechos, impiden la democratización de la política y la comunicación. Un movimiento social que tenga por sujeto las comisiones internas de prensa, al movimiento estudiantil, a las organizaciones sociales y sindicales combativas es el único que realmente puede garantizar que la democratización de los medios se lleve adelante desde adentro de los medios y a su vez presione por fuera para que salga una ley en ese sentido. Las leyes no se hacen en el Congreso, sino en las calles. Ahí es donde la lucha debe comenzar, en la movilización y la organización de base.
La nueva ley no puede convertirse en algo progresivo porque está viciada en su contenido y en las fuerzas políticas y económicas que lo impulsan, como lo hemos demostrado al mencionar la política Kultural de los últimos años. Por eso tenemos que darnos los debates que intencionalmente no se están dando.
La reducción de licencias, el otorgamiento de licencias a universidades y gremios y la limitación de la concentración no implican un cambio en la lógica económica e ideológica de la industria cultural. El ejemplo más claro se da en la TV de aire y la radio, donde está más diversificada la propiedad en comparación con el servicio de cable, y sin embargo, la “competencia” entre dichos grupos no altera la construcción de sentido ni favorece la pluralidad de voces. En términos formales son más voces, pero en concreto estos medios siguen representando los conflictos gremiales, estudiantiles y protestas callejeras como “caos vehicular”. En eso, no hay diferencias, los une el espanto a que nos organicemos.
En el fondo, los medios de comunicación son herramientas políticas e ideológicas que legitiman relaciones sociales de dominación. Pero además en su estructura y sus mensajes reproducen el orden social. Como dice Mattelart “la burguesía posee la dinámica de la información”, mientras que “las clases trabajadoras han sido tradicionalmente relegadas al papel pasivo de consumidor de esta información”.
Esto supone recuperar los debates en la búsqueda de la democratización de la cultura, concentrarnos en que “el objetivo fundamental, que cristaliza la inspiración de la política del nuevo medio de comunicación de masas, es hacer del pueblo un protagonista del medio de comunicación de masas. […] se trata de devolver el habla al pueblo”.
En este sentido, debemos cuestionar la “función esencialmente desorganizadora y desmovilizadora de los grupos dominados” que hoy portan los medios. En contraposición, debemos pensar en un nuevo medio que organice y movilice a los trabajadores, estudiantes y sectores oprimidos. Sabemos que estas experiencias hoy son minoritarias y se reducen a los pequeños medios alternativos que hemos construido desde el movimiento social, estudiantil y gremial.
En este escenario, se hace imprescindible la unidad entre los trabajadores de prensa y el movimiento social si realmente queremos democratizar los medios. Nosotros también queremos una ley pero que represente los intereses de los trabajadores, estudiantes, desocupados y medios alternativos, con total independencia de los intereses de las empresas y los partidos del orden.
En ese camino, una propuesta democratizadora debería incorporar las críticas mencionadas. Asimismo, un paso importante sería crear comisiones en los medios privados en las que los periodistas puedan discutir la línea editorial, y que ésta no sea digitada por los directivos y sus dueños. El Gobierno hace años que podría haber “democratizado” los medios estatales (Telam, Canal 7, Radio Nacional, etc) y sin embargo los han convertido mayormente en usinas oficialistas. Las universidades tampoco han abierto los medios al movimiento social o al propio movimiento estudiantil. Todo esto no lo cambiará ninguna ley, sólo puede revertirlo la organización y lucha de los estudiantes y trabajadores para que se oiga nuestra voz, dentro y fuera de la universidad.
Todo está por hacerse, es cuestión de tomar la voz!